Desde el lunes 5 de septiembre los interesados en adoptar un menor deberán inscribirse en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la provincia y ya no en Tribunales. Además, a fines de agosto vence el plazo para que las familias anotadas en los juzgados desde 1998 ratifiquen su deseo y permanezcan al tope del orden de prelación.

El titular de la Dirección de Registros provincial, Santiago Lemos, estimó que “habrá cientos de parejas que se inscribirán para adoptar, sumando quienes revaliden su intención de hace años y nuevos interesados”.

En ese sentido, el funcionario admitió a la prensa que “al haber pocos chicos en situaciones de adoptabilidad en la provincia se produce una brecha muy grande ante la cantidad de padres que quieren adoptar. De hecho, tenemos ahora sólo un caso en Venado Tuerto y dos en Rosario que los estamos resolviendo. Igualmente, el seguimiento de los chicos lo hace la Subsecretaría de la Niñez provincial”.

Al respecto, Lemos destacó que el nuevo sistema incorpora “equipos interdisciplinarios para evitar que el proceso sea visto como un mero trámite burocrático administrativo. Ahora se suman talleres de reflexión, se acompaña a las parejas porque el proceso no es fácil, hay que contener ansiedades y frustraciones”.

Entre los principales cambios que introduce el nuevo sistema, Lemos mencionó que “la nueva ley prioriza a los niños, quienes tienen derecho a una familia y no a la inversa. Además, como el registro es transparente, se busca eliminar las intermediaciones y evitar el tráfico de bebés”.

Lemos encabezó ayer por la tarde en la delegación rosarina de la gobernación la primera reunión informativa organizada por el gobierno para explicar a la población los cambios que se instrumentarán en breve en el régimen de adopción. Hubo más de 50 personas, entre antiguos anotados en la Justicia y nuevos interesados.

Consultado sobre las razones por las cuáles se depuró tanto el registro judicial, que pasó de 1.800 anotados a sólo 45 revalidados, el director de Registros respondió: “Han pasado 13 años, hubo gente que se divorció, parejas que sienten que pasó su tiempo para adoptar, padres que finalmente han podido tener hijos biológicos y personas que han dejado la provincia”.

Si bien desde septiembre el RUAGA dependerá del Ejecutivo y no del Poder Judicial, “la última palabra antes de una adopción la tiene el juez, quien deberá definir en base a criterios homogéneos, priorizando la proximidad geográfica para evitar situaciones de desarraigo, por ejemplo”.

Los interesados deben acreditar cinco años de residencia en el país, tener domicilio real en Santa Fe y haber cumplido 30 años o tener más de tres años de casados.

El director de Registros, Santiago Lemos, admitió que faltan chicos en situación de adoptabilidad. Pero cargó contra las parejas “que están a la busqueda de determinados perfiles y no están abiertos. De hecho, hemos visto fichas con aspirantes que buscan bebés con rasgos europeos y ojos claros. Así se hace difícil”, manifestó.

 

Of. Prensa Simoniello