SR. SECRETARIO (Enrico).- Solicitud de tratamiento sobre tablas, formulada por el diputado Luis Rubeo para el Expte. Nº 24.184 - DB, proyecto de resolución por el cual la Cámara de Diputados resuelve en su artículo 1º anular la concesión provisoria otorgada en forma directa de la Autopista AP 01 Brigadier General López; y en su artículo 2º, que el Estado se haga cargo de la nombrada autopista.
- Se lee: Expte. Nº 24.184 - DB.

SR. PRESIDENTE (Di Pollina).- Tiene la palabra el señor diputado Luis Rubeo.

SR. RUBEO.- Señor presidente, nosotros hemos solicitado el tratamiento sobre tablas de dicho expediente, en función de que en el día de ayer hizo ingreso a esta Legislatura el dictamen pertinente del Tribunal de Cuentas que ratifica fehacientemente las objeciones que nosotros venimos planteando sobre este cuestionado tema.

Y en función de esto, nos parece que sería saludable, para la transparencia de este procedimiento y para que podamos llevar adelante un proceso licitatorio tal cual lo manifiesta la voluntad política del Gobierno de la Provincia, la posibilidad de retrotraer todo tipo de actuación que se llevó a cabo hasta la fecha, volver a la situación del 28 de junio pasado y, a partir de allí, hasta tanto se aclaren las distintas situaciones, se haga, como corresponde, según lo que expresa el Tribunal de Cuentas y nosotros entendemos, el proceso licitatorio.

El dictamen -no solamente las subjetividades que en algún momento nos manifestaban teníamos los distintos miembros de la oposición- es absolutamente categórico en lo que refiere a cuáles deben ser las razones a tener en cuenta para que el Estado pueda realizar una contratación directa. Y hace una serie de consideraciones, tomando algún tipo de jurisprudencia, tanto a nivel nacional como provincial, fundamentando el dictamen en distintas apreciaciones que me voy a permitir leer para no cometer errores en la disertación.

Por ejemplo, en el caso concreto de lo que se toma como base para llevar adelante cualquier proceso licitatorio, a través de la licitación pública, dice que: "...la configuración de la urgencia es una situación que no puede quedar sujeta a la valoración estrictamente subjetiva del funcionario, quien con un solo juicio podrá así dejar habilitada la excepción". Y esto hace referencia a que la adjudicación directa que se hizo en la administración de la autopista a manos de Supercemento y Edeca, se plantea sobre la base de la urgencia.

Pero también dice que: "...un contrato celebrado directamente con sustento en la urgencia sin que esta aparezca debidamente justificada del modo antes indicado, adolecerá, por ende, de nulidad absoluta e insalvable". O sea que nosotros entendemos que es absolutamente categórico en estas apreciaciones.
Pero, además, se cita un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que dice:..."no se puede apoyar en consideraciones que no sean las que con objetividad surjan de los informes técnicos que la emergencia requiera". Y nosotros entendemos que en este expediente no hay un solo dictamen técnico que avale el tema de la urgencia.

Además, sigue, tomando base para fundamentar, diciendo que: "...el Derecho Público local a través de un Decreto Nº 4059 del año '97, establece que para que las contrataciones puedan tramitarse por vía directa exige, en casos de urgencia, que en la necesaria evaluación conste que en los fundamentos que se hace de la urgencia, se tome como base que la misma sea concreta, inmediata, imprevista y aprobada". Y ninguna de estas razones han pasado en este caso y en este hecho, porque todos sabíamos que la autopista finalizaba su concesión el pasado primero de diciembre.

Además, objeta el mecanismo de adjudicación a las empresas, porque dice que el reglamento de empresas habilitadas para licitar en la provincia, concretamente en el registro de licitadores, había aproximadamente una treintena de empresas. Y solamente se invitó a cuatro para poder plantearse la necesidad de la adjudicación directa. Además, no hay un solo elemento respaldatorio que diga cuáles fueron las razones que avalen técnicamente la no realización de la contratación con las otras empresas que desistieron, o sea las otras dos, porque Edeca y Supercemento se hicieron cargo.

Pero además, también dice el dictamen del Tribunal de Cuentas que: "...con respecto a la contratada, que es una sociedad anónima en formación, no existe ningún sustento técnico que acredite que tiene una acabada experiencia en el manejo de la actividad contratada". O sea, quiere decir que la UTE formada o esta Sociedad Anónima hecha por Supercemento y Edeca, no acredita ningún tipo de experiencia en la explotación vial.

Además, dice que: "Tampoco se ha valorado y propiciado como alternativa -parece que la doctrina así lo establece, como la jurisprudencia, en lo que significan los procesos licitatorios que cuando se dejan de lado- la realización potencial de un concurso de precios". O sea, que tampoco se realizó la licitación ni tampoco se hicieron los concursos de precios pertinentes.

Entonces, en qué termina concluyendo el Tribunal. Dice que: "Ya cuestionable la urgencia invocada para no realizar el procedimiento de la licitación pública, no se encuentra razón alguna para haberse obviado el concurso de precios". O sea, que no llamamos a licitación y que tampoco se hicieron los concursos de precios pertinentes.

Pero, avanza este Tribunal, donde dice claramente que: "En definitiva, como está planteada la gestión, más allá de las cuestionadas cláusulas que conforman el contrato previamente dicho, el trámite debidamente conformado (con intervención de las áreas de incumbencia técnicas pertinentes y con una acabada fundamentación) debió ser autorizado para su posterior aprobación por la Honorable Legislatura de la Provincia". Entonces, no era tan descabellado, señor presidente, cuando nosotros le solicitábamos al Ministro que nos remitiera los pliegos para poder analizarlos y que se hacía indispensable la aprobación por parte de esta Legislatura de los mismos. O sea, que ya no queda en la subjetividad de la oposición, sino que hay un dictamen jurídico que avala lo que nosotros decíamos oportunamente.

Pero, además, también se toma como base en la fundamentación lo que significan las disposiciones de la ley 11.157 y del Decreto 2.719 del año 1994, por el cual se estableció el contrato de concesión que fue por un término de 15 años a partir del 1º de diciembre del año '94.

Entonces, en qué concluye el Tribunal: "Que por lo que desde la fecha se tenía conocimiento que el vencimiento de esta concesión era el 1º de diciembre de 2009". Entonces, no se puede alegar urgencia o necesidad cuando ya se sabía 15 años antes que la concesión vencía el 1º de diciembre del año 2009.

Pero, además, avala también que el día 8 de abril del año 2009, como recién lo mencionaba el señor diputado Lacava, el Ministro de Aguas y Servicios Públicos de la Provincia firmó un convenio con la Universidad Nacional de Rosario, en el cual se establecía que la Facultad de Ciencias Exactas Ingeniería y Agrimensura debía llevar adelante un convenio cuyo objeto es la realización del estudio, análisis de las condiciones de realización de la próxima concesión de la autopista de la Provincia de Santa Fe. 8 de abril de 2009. Estamos diciendo que esto vencía el 1º de diciembre de ese año. Faltaban casi 7 meses para la finalización de la concesión. Entonces, no se puede alegar la urgencia por la cual se adjudicó directamente.

Dicho sea de paso, como también lo dijo el señor diputado Lacava, se pagaron 173 mil pesos por este convenio y el señor Secretario de Servicios Públicos nos dijo en la Presidencia, delante de muchísimos de nosotros, que escasamente llegaba a los 30 mil. Le erró por 6 veces, pero bueno…

Pero, además, siguen las consideraciones que hace el dictamen del Tribunal de Cuentas, donde también dice que "no se puede alegar urgencia porque esta misma Administración firmó dos actas acuerdo con la empresa prestataria que estuvo a cargo de la explotación de la autopista hasta el 28 de junio pasado". Firmó el acta acuerdo del 25 de febrero de 2010 y el acta acuerdo del 11 de noviembre de 2009. En aquella oportunidad, se aumentó la tarifa en las dos oportunidades, casi llegando a que se incremente el 100% para que lo recordemos todos. Pero, ¿qué se estableció en la última acta acuerdo? Que a partir del 1º de marzo comienza un período de transición de 90 días corridos el cual vencerá el día 29 de mayo y podrá ser prorrogado por única vez por un plazo de 30 días corridos más, o sea 30 días más, en cuyo caso, el vencimiento operará el 28 de junio. O sea, que esta Administración sabía claramente, en las dos actas acuerdos que firmó con Aufe, que la finalización del convenio se producía el 28 de junio. Esto ratifica que no había ninguna necesidad de manifestar que se tenía que hacer por urgencia una contratación directa.

O sea, ¿en qué concluye el Tribunal de Cuentas? Dice claramente, en uno de sus párrafos: "Que todo el trámite denota un desapego al debido procedimiento administrativo". Y que, además, dice que "comienza analizando también la cantidad de fojas que tenía este expediente, a través del sistema informático de seguimiento de expedientes, que determina que cuando el señor gobernador firmó el acta de decreto de concesión para las empresas Supercemento y Edeca, ese expediente constaban de 17 fojas útiles y que con posterioridad se le agregan las restantes hasta completar las 252 que tiene el expediente hoy, donde dice que fueron llevadas adelante por el organismo de control." Se aclara que al organismo de control no se sabe quién lo integra o quién lo lleva adelante.

Pero, además, es sugestivo -y lo marca el Tribunal de Cuentas- dos actas acuerdo de reuniones de directorios de las empresas Edeca y Supercemento.

El convenio se firma por adjudicación el día 25 de junio de 2010 y es ratificado por el señor Gobernador el día 28 de junio a través del Decreto 1034.

¿Qué sucede? El día 23 de junio, el presidente de la Empresa Edeca manifiesta -dice textualmente entre comillas- "se nos ha adjudicado de manera directa con la empresa Supercemento SA la explotación, mantenimiento y conservación de la autopista".

O sea, que ya dos días antes, esta persona sabía que se le iba a adjudicar la autopista y no hay un solo elemento probatorio que determine de qué manera se le había notificado.

El día anterior, el día 22 -porque esto fue el día 23- la empresa Supercemento también lleva el acta por la cual determinan analizar que efectuaban, aceptaban la contratación que le había otorgado la Provincia.

¿Y qué dice el presidente de dicha empresa? Que es de considerar la participación de Supercemento junto con Edeca en una nueva sociedad para el proyecto de concesión de la explotación y mantenimiento de la autopista.

¿Qué concluye el Tribunal? Que "evidencia que en fecha anterior a las actas antes citadas, voluntad parte de la Administración había sido manifestada para la contratación a las empresas adjudicadas, pero no hay un solo elemento que determine cómo se hizo".

¿Fue en forma verbal? ¿En forma telefónica? ¿Una reunión previa con los empresarios? ¿De qué manera se le anticipó a estas empresas que iban a ser las prestatarias que iban a llevar adelante la explotación de la autopista?

Entonces, además, hay un argumento más que acredita claramente que no hay ningún tipo de rechazo por parte de los otros oferentes que fueron consultados, porque yo, hace algunos momentos, dije que había 30 empresas en situación de ser consideradas, se consultó solamente a cuatro, y recuerdo que el Ministro -y debe estar en la versión taquigráfica del día que vino el Ministro Ciancio- nos dijo que "las primeras que nos aceptaron las condiciones, firmaron".

Y efectivamente, es cierto, pero no hay razón ni se explica en este expediente cuáles fueron los motivos por los que las otras dos no aceptaron.

Y así se siguen haciendo una serie de consideraciones con respecto a lo que significa la contratación, donde dice, por ejemplo, que establece un domicilio legal en la ciudad de Santa Fe que no existe, dice que la contratista establece lugar de ubicación en la calle Polledo 2517 de la ciudad de Santa Fe, que es inexistente.

Luego se rectifica y dice de que no, que establece para la Afip que el Consorcio Vial se adjunta a las actuaciones que el organismo de control va a funcionar en la calle Polledo 2517, pero ya no en la ciudad de Santa Fe sino en la ciudad de Rosario Norte.

La verdad es que no sé cuál es la ciudad de la provincia que se llama Rosario Norte, pero esto es lo que dice la Unión de Empresas Transitorias.

Después, otras de las objeciones que fija el Tribunal de Cuentas, categóricamente, es que dice que el canon mensual a pagar trimestralmente es de 255 mil pesos, pero que el capital social que establecieron estas dos empresas, esta unión transitoria o esta sociedad anónima, establece un capital social de 200 mil pesos y que no se acompaña documentación sobre la proyección de ingresos que garantice el pago del mismo.

También se menciona que el control de las obligaciones de la contratista será fiscalizado por la Provincia a través de este famoso órgano de control que es mencionado innumerable cantidad de veces en el pliego, sin embargo, no se precisa quién establece el organismo de control.

Por supuesto que Vialidad Provincial no figura nunca en este tipo de cosas, la única traza que tenemos concesionada, Vialidad Provincial no tiene ningún tipo de cuestión.

Entonces ¿en qué concluye el Tribunal? De que la verdad es que esto es un proceso que está absolutamente viciado, de que debe ser descartado como tal y nosotros, señor presidente, por eso venimos a este recinto a hacer las consideraciones que estamos haciendo, para pedirle al señor Gobernador que sería prudente, saludable, criterioso y responsable que se dejase sin efecto la contratación directa llevada adelante con estas empresas -sin adjetivar ninguna cuestión que implique ningún otro tipo de connotación, como puede ser la violación de los deberes de funcionario público o alguna otra subjetividad que alguien le quiera adjudicar- y que se retrotraigan todas las actuaciones, que se cumpla con la palabra que nos había dicho el Ministro cuando vino a esta Cámara, al decirnos que se iba a llevar adelante un organismo de control que iba a hacerse cargo de la explotación de la autopista, que se envíen las actuaciones correspondientes a esta Legislatura, que se puedan analizar los pliegos respectivos, que se dicte la ley como marca la legislación vigente para que se pueda llamar al proceso licitatorio. Entonces, tendremos en marcha un proceso transparente que garantice que el próximo oferente tenga la tranquilidad y la certeza de que está respaldado legalmente habiendo cumplimentado cada una de las cuestiones.

Entonces, lo que nosotros queremos es ser absolutamente claros, señor presidente, de que, por lo menos, en lo que refiere a la oposición, no lo hacíamos -como algunos dijeron- por los diarios -y creo que fue el Ministro Ciancio-, que llevamos adelante los planteos por los diarios y que no teníamos ningún sustento jurídico, si no que esto que acabo de leer, está firmado por todos los miembros en reunión plenaria y por unanimidad del Tribunal de Cuentas de la Provincia.

SR. PRESIDENTE (Di Pollina).- Se va a votar la solicitud de tratamiento sobre tablas.

- Resulta negativa.

SR. PRESIDENTE (Di Pollina).- Tiene la palabra el señor diputado Leonardo Simoniello.

SR. SIMONIELLO.- Viene este tema al recinto y la verdad que no sabía que esto se iba a tratar y que se iba a pedir tratamiento sobre tablas, en lo personal lo digo.

Este es un tema controvertido y que uno ya ha expresado alguna opinión. Este bloque también lo ha hecho en sesiones anteriores y, si bien nosotros no acompañamos el tratamiento sobre tablas, debo decir que hay dos cuestiones que me gustaría aclarar.

En primer lugar, me parece que -puedo equivocarme- esto debió ser un proyecto de ley, en todo caso, según el articulado que expresa el proyecto de resolución.

Creo que si le estamos solicitando al señor Gobernador que tenga una actitud prudente, saludable, responsable, podría haber sido un proyecto de comunicación, que entiendo que hay una cuestión formal que se debería salvar.

Pero también quiero decir que hemos leido atentamente la objeción del Tribunal de Cuentas, que ha manifestado algunas situaciones que nosotros entendemos que son correctas, otras son discutibles, pero que en el tema de fondo, nosotros también tenemos algunas dudas, o por lo menos yo tengo algunas dudas, y que me parece sí que esto amerita ser discutido en las comisiones como corresponde porque, realmente, insisto, más allá de las cuestiones formales del proyecto que ya manifesté, hay situaciones que me parece que deben ser tenidas en cuenta en las comisiones y resolverse o no, a partir de una verdadera discusión sobre el tema.

Coincido con algunos de los argumentos del diputado Rubeo sobre el devenir y el derrotero de lo que fue este proceso que termina en esta adjudicación, por lo que quería fundamentar el voto no avalando el tratamiento sobre tablas, pero también dejando expreso que me gustaría que este tema se siga discutiendo a los efectos de quede en claro cualquier duda de las que se han expresado aquí.

Sin dudas, también debo remitirme a las palabras que había manifestado en aquella sesión el diputado Mascheroni que, desde el punto de vista ideológico, nosotros tenemos algunos cuestionamientos. Creo que podemos volver a tropezar sobre una misma piedra, con la que se tropezó oportunamente dando en concesión 170 kilómetros que muy probablemente podrían ser administrados por el Estado en diversas variantes.

Que nos hubiese gustado que este Gobierno pudiera probar una circunstancia diferente a la que hizo el justicialismo en su momento y que tengo entendido que este bloque no compartió, por lo menos muchos de sus integrantes.

Así que, más allá de rechazar el tratamiento sobre tablas y cuestionar algunas situaciones formales del proyecto presentado, quería dejar argumentado que en las cuestiones de fondo, me parece que es un tema que hay que seguir discutiendo.

SR. PRESIDENTE (Di Pollina).- Tiene la palabra el señor diputado Monti.

SR. MONTI - Lo que quiero pedir, señor presidente, dada la profundidad del tema y las discusiones que hemos llevado adelante hasta este momento, aunque prácticamente no ha sido una discusión porque no se ha abierto el debate, es que lo estipulado y establecido por el Tribunal de Cuentas sea incorporado a la versión taquigráfica de la sesión del día de la fecha, haciendo una transcripción total de este documento.

SR. PRESIDENTE (Di Pollina).- Muy bien, señor diputado. De todos modos, le quiero aclarar al Cuerpo que está en los Asuntos Entrados. Por lo tanto, figura en los archivos de la Cámara de Diputados, pero esto no va en detrimento del pedido del señor diputado Monti.

- En el Diario de Sesiones se incluirá el texto completo de la Observación Legal de referencia, que obra como punto 15 de los Asuntos Entrados del día de la fecha.

SR. PRESIDENTE (Di Pollina).- Tiene la palabra el señor diputado Mauri.

SR. MAURI.- Señor presidente, este tema del concesionamiento de la autopista Santa Fe - Rosario es arduo, con historia en la Provincia. He manifestado públicamente mi posicionamiento sobre este tema. Creo que también para fundamentar el voto para que se siga discutiendo este tema en comisiones -como dijo el diputado Simoniello- porque entiendo que no es un tema sencillo, no es un tema simple.

Creo que todo arranca por una tendencia del Estado de tratar de solucionar en privado cuando lo que tendría que ser -si se decide la contratación pública- es hacer cumplir los pliegos de la licitación pública.

La Provincia de Santa Fe, lamentablemente, en el primer concesionamiento y desde siempre no ha sabido hacer cumplir, dentro de la esfera de su jurisdicción -a criterio de quien habla-, las obligaciones de las concesionarias. Y digo las concesionarias porque, a dos meses, prácticamente, de firmarse el primer convenio de concesión, se permite la subconcesión o subcontratación de la empresa que había sido adjudicada.

Entonces, en aras de seguir discutiendo cuál es el tema, y en aras de tratar de traer la seguridad jurídica -que en definitiva es lo que nos interesa a todos, por las opiniones que he escuchado-, creo que en comisión tenemos que seguir discutiendo este tema tan importante que hace a la seguridad de los santafesinos, no solamente vial de una arteria importante, sino también la jurídica, porque con quedarnos en decir si es legítimo o ilegítimo no vamos a solucionar el problema.

En definitiva, el dictamen del Tribunal de Cuentas es un elemento más a tener en cuenta y creo que, fundamentalmente, debemos decidir cuál es la política de Estado, o licitación pública o hacerse cargo, pero tratando de darle seguridad a todos.

SR. PRESIDENTE (Di Pollina).- Tiene la palabra el señor diputado Lamberto.

SR. LAMBERTO.- Señor presidente, he tomado conocimiento -le diría en este momento- del dictamen u observación del Tribunal de Cuentas. Me parece que, como toda observación, es una opinión que, por supuesto, en un Estado de Derecho da la posibilidad de que se hagan los descargos correspondientes, y de hecho se van a hacer.

Nos parece, en principio, que este es un dictamen muy insustancial que hace referencias centralmente a los eventuales incumplimientos formales de las empresas que han sido las que se han hecho cargo, en forma transitoria, de la concesión y que, como evidentemente surge en este tipo de acuerdos -especialmente cuando se hace con urgencia-, existen déficit e incumplimientos formales que son salvados con sucesivos actos administrativos. Quisiera tener la certeza si muchas de estas cosas que se plantean hoy ya no están salvadas.

Lo que me parece que en todo contrato siempre hay un tema de realidad que no lo dice la observación. Primero ¿qué pasa en el marco de los corredores viales, con la autopista?, que esto ya lo hemos charlado otras veces.

El segundo tema es que hace toda una referencia a dos empresas, sin decir que son dos empresas concesionarias adjudicatarias que forman parte del registro de proveedores del estado desde hace años. O sea, que yo no creo, con responsabilidad, que empresas que hace años que trabajan con el Estado Provincial, puedan querer cambiar de domicilio o establecer el sistema de contrataciones que no tengan forma de ser salvados desde el punto de vista formal o desde el punto de vista contractual. No encuentro, honestamente, en esta observación, más que un ataque a la formalidad y una eventual referencia a la falta de acreditación de la urgencia para llegar a contratar estas dos empresas.

Lo dije otras veces señor presidente, una cosa es el acto formal y otra es la realidad. Somos parte de 7.200 Km. de ruta que en el 10 de abril del año 2010 no tenía una sola adjudicada y se terminaba adjudicando prácticamente en forma directa. Las empresas que no quedaron en esa adjudicación, volvieron sobre sus pasos, entre ellas Aufe, y pidió ser la que se hiciera cargo de la transición mientras se licitaba en condiciones ya planteadas, absolutamente insostenibles para la provincia.

Entonces, la urgencia no es tener el pliego en el 2008 o en el 2009, sino muchas veces la urgencia está determinada por las realidades económicas que se viven y especialmente se vive en los estados subnacionales.

Señor presidente, yo no tengo ninguna duda que todos estos temas que se plantean en este informe preliminar, van a ser rebatidos por administración cuando se haga le insistencia. Yo no tengo ninguna duda que se ha actuado dentro del marco de la legalidad, que es su momento la propia legislatura fue la que autorizó la concesión por una ley que sigue vigente, una ley que no tenía términos, ni hacía referencia a una sola licitación, ni a una sola concesión, sino que es una ley que sigue vigente y que, de hecho, es lo que le da el marco jurídico para que no solamente el Ministerio de Aguas y Servicios Públicos, sino las áreas jurídicas y técnicas internas de la Provincia de Santa Fe, hayan opinado antes de este tema sobre la legalidad o no del proceso que se sigue adelante.

Creo, señor presidente, que en política muchas veces se soslayan las realidades para magnificar o para desacreditar determinados actos. Estamos hablando de una transición de seis meses -porque estamos hablando de eso, una transición de sólo seis meses-, que se tuvo que tomar frente a una realidad.

Yo no tengo ninguna duda de que si esto hubiese sido para años, estaríamos ante un acto absolutamente irregular de la Administración, pero en los tiempos de transición siempre las licitaciones son complejas, y lo saben todos, todos los que, de una u otra forma, han estado a cargo de las administraciones. Es muy raro y muy difícil de entender que una concesión que se termina y otra que empieza no termine con conflicto o empiece con conflicto; y esa transición siempre es conflictiva.

Creo que el Tribunal responsablemente actúa en lo formal, cuando en otros tiempos tenía que actuar en lo de fondo y no lo hizo. Por ejemplo, se me viene a la memoria las motoniveladoras. Pero bueno, son Tribunales, tienen su forma de pensar, yo soy legislador y también tengo mi forma de pensar, y creo que todos estos temas son absolutamente rebatibles. Es rebatible el capital. Es rebatible el 7% de los ingresos estimados, que en el fondo denotan una cosa, si esta transición hubiese estado preparada, esto no hubiese sucedido. La urgencia llevó a que se tuvieran que tomar estas medidas porque la realidad impone muchas veces que no había posibilidad de cortar el tiempo.

Pero, bueno, nosotros aceptamos la observación y tenemos el deber de dar todos los elementos legales, administrativos y técnicos para rebatir el contenido del mismo y por supuesto acompañar los dictámenes que permitan la insistencia que, sin duda, hará el Departamento Ejecutivo sobre lo actuado, la validez y legalidad de la transición que se está llevando adelante. Gracias, señor presidente.

SR. PRESIDENTE (Di Pollina).- Tiene la palabra el señor diputado Darío Boscarol.

SR. BOSCAROL.- Señor presidente, en primer lugar, quiero ratificar y hacer mías las palabras del señor diputado Simoniello, en función de que es un tema que tenemos que seguir discutiendo; y enfocar para reforzar esta idea de que creemos que el tratamiento sobre tablas es un apresuramiento para solucionar un problema de coyuntura cuando, a lo mejor, tendríamos que estar discutiendo sólo dentro de una semana alguna salida de fondo concomitante con esta situación de coyuntura.

¿Qué es lo que quiero decir? Dentro de una semana se abre el primer sobre de los pliegos de licitación en curso. Nosotros, los diputados, somos directos interesados en todas las licitaciones, obviamente, que se realizan en la Provincia, en particular sobre este tema y creo que es legítima la especial atención que ponemos sobre el tema de la autopista. Porque todos perseguimos el objetivo de que lleguemos a puerto final lo mejor posible, porque, entre otras cosas, somos los principales usuarios de esta vía de comunicación entre Santa Fe y Rosario. Y si este interés es legítimo, de mirar la cuestión de fondo, me parece que estamos apuntando con un cañón para matar un mosquito, en función de enfocar toda la coyuntura, es decir, a la contratación directa de estos seis meses y pasar a manos del Estado la administración de esta coyuntura, que ya no son seis meses, sino que serían cinco meses, o cuatro meses y medio, porque ha transcurrido ya un tiempo; cuando, a lo mejor, dentro de una semana se nos aportan elementos en función de cómo resulte este proceso de avance del proceso de licitación, y de cuál es el destino final que tenemos que darle a esta autopista.

En concreto, digo, pueden aparecer indicios de que va a quedar desierta esta licitación, y aquí entra la pregunta que hacía el diputado Lacava en la reunión con el Ministro en la Presidencia de la Cámara de Diputados, si queda desierta ¿qué pasa después? Es una pregunta legítima que nosotros también nos hacemos y también queremos participar de esa respuesta. Y a lo mejor, la construcción de esa respuesta está muy cerca -reitero- a lo mejor dentro de una semana.

Entonces, por eso no coincidimos en dar este tratamiento sobre tablas por las urgencias y por las cuestiones formales que marcaba Simoniello; y yo agrego esta cuestión de fondo que deberemos, tal vez, tan sólo dentro de una semana, estar formando un criterio en esta Cámara de qué es lo más conveniente para la administración de esta autopista, no para los cinco meses que restan sino para el futuro de la concesión de la misma.

Nada más. Quería agregar ese aspecto, pero fundamentar también el voto en disidencia.

SR. PRESIDENTE (Di Pollina).- Tiene la palabra el señor diputado Santiago Mascheroni.

SR. MASCHERONI.- Gracias, señor presidente. En la dirección que está planteada por los dos legisladores del bloque que integro. El radicalismo no trata sobre tablas un proyecto cuya envergadura y profundidad justifican un análisis más pormenorizado. El no tratamiento sobre tablas en modo alguno puede interpretarse que implica desconocer el problema, coincidir con algunas de las aristas y discrepar con otras, esto quedó claro. La impertinencia -jurídicamente hablando- de un problema de esta naturaleza, pretender por la vía rápida el tratamiento sobre tablas, no la compartimos. Y tampoco compartimos los argumentos del diputado Lamberto porque trata él, individualmente -cuestión no discutida entre los restantes integrantes del Frente-, el problema de fondo.

Entonces, si el problema de fondo, que la observación del Tribunal de Cuentas no tiene sentido, que a él no le caben dudas de que esto se va a aclarar todo, es procedente abrir el tratamiento sobre tablas y votar, en consecuencia, rechazando el proyecto del diputado Rubeo.

No compartimos esa línea argumental, no es uniforme la mirada, nosotros creemos que esto no puede analizarse en el fondo de la cuestión sin constituir el Cuerpo en comisión con todas las implicancias y los riesgos que esto tiene porque el tema es complejo, desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista contable, desde el punto de vista del análisis de la cronología.

Y si decimos que no coincidimos con el diputado Rubeo, en que este sea el ámbito para tratar, mucho menos vamos a coincidir -aunque en el fondo termine siendo así el tema- con que acá no pasó nada y que la objeción es una objeción formal porque las objeciones formales son, precisamente, las que tiene que hacer el órgano de control, que tiene el control de la formalidad y la legalidad en los procedimientos. Nosotros vamos a trabajar para que esto se depure, pero ya, varias veces, posiciones del conjunto del Frente son planteadas en el fondo del tema con una posición que no está discutida en el marco del Frente en el fondo; y esta vez, señor presidente, no quisimos dejarla flotando, respetamos que cada uno tenga la posición que tenga pero si decimos "no vamos a tratar sobre tablas porque el fondo debe ser analizado", no podemos justificar el voto del no tratamiento sobre tablas con cuestiones de fondo que todavía no discutimos.

Entonces, este es un tema, señor presidente, que amerita el trato en comisión. Y aún en la hipótesis que, frente a la insistencia, el procedimiento avance, porque en esto si -como lo manifestara el diputado Boscarol- de nada vale que nosotros hagamos un zafarrancho en torno a la transitoriedad de un proceso, preocupémonos cual va a ser el escenario futuro de la continuidad por diez años o más, de quién va a tener a su cargo el mantenimiento de este servicio.

Coincidimos, algunos lo hemos planteado, pero todavía se está a tiempo en el ámbito. Y entonces, señor presidente, el debate de esto necesariamente tiene que ser en comisión, es el lugar justo para que un problema de esta profundidad y complejidad pueda ser analizado en todas sus variables y, aunque la posición resulte enojosa, creíamos necesario aclararla. Reitero, si no lo tratamos por no abordar la cuestión de fondo y tratarla en comisión, no admitimos que el argumento, pretendidamente de fondo, sea la justificación del rechazo del tratamiento sobre tabla. Nada más.

SR. PRESIDENTE (Di Pollina).- Tiene la palabra el señor diputado Luis Rubeo.

SR. RUBEO.- Señor presidente, en principio dos o tres cuestiones. La primera, no surgió de una cuestión extemporánea el pedido de tratamiento sobre tablas porque nosotros, este expediente, ya lo habíamos presentado oportunamente y tal es así que habíamos solicitado preferencia para la sesión de la semana pasada y no se nos dio la posibilidad, no se emitió el dictamen pertinente.

Ahora, no tengo ningún inconveniente, y creo que ninguno de los miembros que fuimos firmantes de este proyecto; en poner en consideración el tratamiento sobre tablas y solicitar preferencia por una sesión, para la semana que viene y, efectivamente, podamos llevar adelante el análisis pertinente de todo lo que vienen planteando los distintos diputados preopinantes, tal como lo decían los diputados Simoniello, Boscarol y Mascheroni. Reconsideremos la votación, retiro el pedido de tratamiento sobre tablas y modifico el mismo a fin de pedir un tratamiento preferencial por una sesión para la semana que viene.

Y entonces, con esto, tendríamos el tiempo oportuno y estaríamos en tiempo y en forma, porque la apertura de los sobres se estaría haciendo el próximo 18. Además, estamos hablando de la semana que viene. Así que lo que solicito, formalmente, es que se me de la posibilidad de reconsiderar el tratamiento sobre tablas, retiro el mismo y mociono, pedir preferencia para dicho expediente por una sesión para la semana entrante.

Pero, señor presidente, antes quiero seguir con dos consideraciones, o tres, que me parecen fundamentales, porque aquí se dan por cierto algunas argumentaciones que dijo el diputado Lamberto y que no son tal cual el diputado lo expresa. Porque no se puede tener una visión parcial de una cosa, cuando uno está de acuerdo, y tener otra visión absolutamente distinta cuando ese dictamen no es favorable. Ayer a la tarde, el diputado Lamberto le decía a un periodista en la ciudad de Rosario que los actos son controlados por los organismos jurídicos o los ministerios, por la Fiscalía de Estado, por el Tribunal de Cuentas, en fin, que hay elementos que el mismo Estado tiene para controlar. Ahora, lo que era válido ayer, lo descalificamos hoy. Pero no importa.

El diputado Lamberto da por cierto que estas empresas están inscriptas en el Registro de proveedores, cuando sabemos que es una de las principales objeciones que se les hace y lo dice claramente el Tribunal: "No se ha acreditado en el expediente la inscripción de la sociedad anónima en el Registro Público de Comercio ni en el Registro de Licitadores de la Provincia". Entonces, no es cierto que están inscriptos. Digo, para que no demos por válidas cosas que no son. Porque si no, pareciera que fuera efectivamente así.

Y después, cuando se habla de una ley que habilita el tratamiento específico, se hace mención a la Ley 11.157. Esta ley fue de afectación y abría el tratamiento que permitía que la Provincia de Santa Fe adhiriese a la Ley de Reforma del Estado, a la famosa Ley Dromi. Y que fue, específicamente, para la concesión que se establecía en el año '94, que disponía un plazo de licitación por 15 años para la concesión de la Autopista Brigadier López. Quiere decir que esa ley estaba específicamente afectada para adherir a la ley nacional, que permitiese el llamado a licitación, porque la Ley Nacional de Reforma del Estado decía claramente que debía ser aprobado por la Legislatura cualquier proceso licitatorio que se pusiese en marcha. Y si decía que tenía un término determinado de 15 años, esa ley terminó.

Entonces, no se puede hacer la fundamentación de argumentación del llamado a licitación sobre una ley que está caduca. Quiere decir que el proceso licitatorio está viciado de nulidad. Entonces, digo, porque se habla con una vehemencia total, que se dan por cierto determinadas cuestiones, que no son ciertas, que no son ciertas.

Acá hablamos de la transparencia, de otro tipo de cuestiones, que nunca mencioné. No hay una sola declaración mía que objete la honorabilidad, ni del señor Gobernador ni de ningún otro funcionario. Siempre he hablado de imprevisión, que no es cierto que no han tenido el tiempo suficiente, que llevaron a cabo una estrategia equivocada en la negociación con Aufe, que el ministro vino a esta Legislatura y nos mintió, porque dice que había tomado una decisión. Esto es lo que nosotros estamos objetando.

Y en definitiva, señor presidente, lo peor del caso es que hay una situación, que le voy a responder a los diputados Boscarol y Lacava: ¿qué va a pasar si se declara desierta la licitación el 18 de agosto? Se va a hacer uso de la cláusula de opción en el contrato que se hizo con Supercemento y Edeca, que autoriza que se prorrogue por 180 días más. Entonces, vamos a tener la explotación en forma directa de la autopista por un año. Autopista que está facturando 4.500.000 de pesos por mes. Y que tiene que hacerse cargo solamente del salario del personal, de cortar los pastos, como dijo el Ministro -aclaro que estamos en invierno, así que no cortan mucho- y de hacer el bacheo.

Me parece que son recursos suficientes como para poder llevarlos adelante.

SR. PRESIDENTE (Di Pollina).- Existe una moción, que corresponde votar, y que incluye un pedido de preferencia por una sesión. En consideración el pedido de preferencia por una sesión. Tiene la palabra el señor diputado Darío Boscarol.

SR. BOSCAROL.- Quería simplemente justificar por qué tampoco vamos a votar una preferencia por una sesión. Y pido especial paciencia con este tema. El pedido es que este expediente vaya a comisión, no es un pedido común de cualquier otro expediente que intentamos dilatar el tratamiento del mismo, le consta la especial atención que le ponemos al seguimiento de este tema.

Pero es cierto que para tomar una decisión de tal envergadura necesitamos todos los elementos necesarios que concurran a esa decisión, saber si el Poder Ejecutivo va a insistir rechazando el informe del Tribunal de Cuentas, saber qué es lo que va a hacer el Ejecutivo y si insiste, va a ha ver, ahí sí, un dictamen del fiscal, quiero conocer ese dictamen del fiscal y vuelvo a repetir, va a estar avanzado el proceso de licitación que nos va a otorgar otro tipo de elementos. Y también darle tranquilidad al señor diputado Luis Rubeo que si la respuesta es la que él prevé que nos va a dar el Ministerio, al señor diputado Lacava y a quien habla, si la respuesta es ésa, que dé por aprobado su proyecto en ese momento.

SR. PRESIDENTE (Di Pollina).- Se vota la moción de preferencia.

- Resulta negativa.

SR. PRESIDENTE (Di Pollina).- No reúne la mayoría especial para ser aprobada.

SR. MONTI.- Señor presidente, algunos levantaron la mano de aquel lado, cuente bien…

SR. PRESIDENTE (Di Pollina).- ¿Usted está pidiendo reiterar la votación?

SR. MONTI.- Sí, señor presidente.

SR. PRESIDENTE (Di Pollina).- Les pido a las señoras y señores diputados que presten atención a la hora de votar. Se vota.

- Resulta negativa.

SR. PRESIDENTE (Di Pollina).- Está claro que no reúne la mayoría especial.