Solicitan precisiones acerca de los operativos de
fiscalización y control en el transporte de pescado,
los decomisos derivados de los mismos y las sanciones impuestas

El Diputado Provincial Leonardo Simoniello presentó un Pedido de Informes donde requiere se proporcionen datos puntuales respecto de diversos aspectos referidos a los operativos de fiscalización y control que se llevaron a cabo durante los meses de junio y julio de este año en nuestra Provincia, en virtud de la aplicación de la Ley provincial Nº 12212 y su decreto reglamentario, así como el destino final del pescado decomisado.

A partir de esta iniciativa, Simoniello expresa su preocupación a partir de las grandes cantidades de pescado decomisadas, destacando que esta situación debe hacernos reflexionar sobre el poder correctivo de las actuales sanciones que se aplican a los acopiadores, transportadores y comercializadores de pescado que infringen la normativa que rige su actividad.

En este sentido, subraya que en los meses de junio y julio, según trascendió periodísticamente, hubo decomisos por más de 8 mil kilos de pescado.

Muchas veces un operativo de fiscalización en materia de pesca, puede parecer exitoso si se lo mide en cantidad de toneladas decomisadas, pero, en realidad es necesario avanzar en lo vinculado a la prevención, con el objetivo de evitar que se llegue a esta situación.
Es importante entender que más allá de la multa o sanción y su cuantificación, el daño que provoca en el recurso es irreparable.

Ese pescado decomisado, la mayoría de las veces es inutilizable, en muchos casos termina como desecho, porque difícilmente se logra mantener o constatar la cadena de frío para que sea utilizado para consumo humano. Forma parte del costo del frigorífico o acopiador, pero el mismo seguramente ya ha sido calculado, porque de no ser así, no se hubieran arriesgado con supuesta torpeza en forma reiterada a infringir la ley y perder toda una carga.

En este orden de ideas, es necesario destacar que ninguna sanción que se aplique resulta significativa, sea esta de índole económica, consista en la clausura de establecimientos o retiro de permisos o licencias, si la analizamos comparativamente con relación al daño irreversible e irremediable que se causa al recurso. Quien obtiene utilidades provenientes de la explotación de los recursos naturales que nos brinda nuestra Provincia debe estar dispuesto a observar las leyes que regulan dichas actividades, en caso contrario debe asumir la responsabilidad que sobre el recaerá.

Por esta razón, debemos avanzar en sanciones que no deberían ser solo de índole pecuniaria aunque realmente impacten en la ecuación económica de los empresarios de la pesca, con la finalidad de desalentar las prácticas de capturar, acopiar, faenar, transportar o comercializar pescado en condiciones que no se adecuen a lo establecido por la ley. En la mayoría de las veces, no hay dinero que pueda remediar el impacto negativo producido, y es por ello que en este caso las sanciones deben ser ejemplificadoras.

Valoramos que se realicen estos operativos, que sin duda alguna son necesarios y así deben seguir, porque se pudo detectar este problema al que nos enfrentamos, pero a la vez pretendemos que se adopten medidas preventivas, porque de nada sirve tener una ley de preservación del recurso, si en la práctica puede ser infringida porque las sanciones que prevé no son lo suficientemente severas.

A través de este Pedido de Informes, se procura obtener información precisa que nos permita analizar apropiadamente la situación actual, y de esta forma poder avanzar en mecanismos más eficientes en materia de prevención y control, vinculados a la protección y preservación de los Recursos Ictícolas.