Los Diputados Provinciales
Leonardo Simoniello y Santiago Mascheroni presentaron un proyecto para
modificar la Ley de Ministerios
El
proyecto pretende la ampliación de las competencias de la Secretaría
de Medio Ambiente, dependiente del Ministerio de Aguas, Servicios Públicos
y Medio Ambiente, otorgándole mayores facultades en las decisiones
que afecten, modifiquen o comprometan la situación actual o futura
de recursos naturales protegidos o que se encuentren en situación
de riesgo.
Por medio del presente proyecto de ley, se pretende introducir un agregado
dentro del marco de competencias de los distintos Ministerios, establecido
por medio de la Ley Provincial 12.817, concretamente con relación
al Ministerio de Aguas, Servicios Públicos y Medio Ambiente
Es importante remarcar
que al momento de sancionarse la mencionada ley, los diputados autores
del proyecto, plantearon sus dudas en algunos aspectos que transcurridos
ya varios meses, arrojan como resultado que han sido inconvenientes. Tal
el caso de haber quitado las estrategias de control del área de
Medio Ambiente y haberlas trasladado al Ministerio de la Producción.
Más allá
de eso ven con preocupación que hay decisiones que se toman desde
los distintos Ministerios de la Provincia que pueden afectar directa o
indirectamente los recursos naturales.
Han tomado conocimiento
en los últimos días sobre la participación del Ministerio
de la Producción de la Provincia con relación a la ampliación
en el cupo de exportación de pescado que otorgara recientemente
el Gobierno Nacional para nuestra provincia, entre otras, y aparentemente
la escasa o nula participación de la Secretaría de Medio
Ambiente.
La protección
de nuestros recursos naturales debe primar sobre decisiones que, aunque
técnicamente correctas, puedan afectar o modificar desfavorablemente
la situación actual o futura de los mismos.
Están convencidos
que cualquier decisión del Gobierno de este tipo debe estar sustentada
y consensuada con quienes tienen entre sus funciones la obligación
de proteger el medio ambiente.
El Estado tiene la
obligación indelegable de proteger los recursos naturales, entre
ellos nuestros recursos ictícolas, a fin de permitir su aprovechamiento
sustentable por las generaciones futuras.
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