Mientras la Provincia de Santa Fe se presta a hacer frente a su obligación de atender las consecuencias de la veda pesquera, dispuesta en la ley 12.703, la nación autorizó un aumento de cupos de exportación para los frigoríficos instalados en las provincias de Santa Fe, Entre Ríos y Buenos Aires.

Esta lamentable coincidencia, que genera un hecho particularmente contradictorio, pone -en virtud de la ley vigente- tanto al sector estatal y a los pescadores en un corset de veda en donde se limita la posibilidad de trabajo y se genera la erogación de un importante recurso por parte de la provincia. Al mismo tiempo, se habilita a los frigoríficos a ganar más recursos económicos en virtud de la exportación de un recurso en emergencia como lo es el ictícola.

Habrá que recordar que si bien el Secretario del Sistema Hídrico y Forestal y Minero de la Provincia, ing. Bianni, manifestó que Santa Fe NO había solicitado una ampliación del cupo, el noveno apartado de la Resolución de la Secretaría de Agricultura Ganadería y pesca de la Nación, expresa que entre otras, la provincia de Santa Fe sí solicitó una posible ampliación de dichos cupos, situación que agrega mayor confusión al conflicto.

En este sentido, y tal lo manifestamos en el recinto, creemos necesario una contundente aclaración de este supuesto mal entendido en donde desde la Nación se pone a la Provincia de Santa Fe como promotora de aumentos de cupos a las exportaciones por encima de la cantidad aconsejada por los estudios en vigencia y que inclusive oportunamente fueron cuestionados por los montos otorgados.

Evidentemente la veda comienza para muchos, pero el negocio de la exportación se extiende para unos pocos.

Pero para no entrar en discusión acerca de si esta posibilidad abre un conducto extraordinario para exportar especies estoqueadas en las cámaras de acopiadores y frigoríficos, ni si esta ampliación se estructuró en función de solo algunas especies alternativas y no la mas dañada como lo es el sábalo, sería verdaderamente sano que se determinen inmediatamente las especies y cantidades existentes en estos establecimientos por parte del órgano competente.

Párrafo aparte merece y llama la atención la escasa participación que ha tenido la Secretaría que debe defender el recurso natural en esta discusión, teniendo en cuenta que las políticas públicas destinadas a la preservación de especies, no puede ser subsumidas en las políticas de defensa de los intereses económicos de unos pocos.

Seguiremos esperando entonces las explicaciones de las autoridades competentes, que esclarezcan algunas supuestas confusiones o malentendidos, fundamentalmente en lo que respecta a la posición de la Provincia de Santa Fe, ante la resolución 368 de la Nación.

Leonardo Simoniello
Diputado Provincial